La Asamblea Ciudadana para el Clima de España arranca el 20 de noviembre

Se celebrarán un total de seis sesiones. Una por mes y en fin de semana. Serán virtuales, aunque no se descarta que alguna sea presencial. Las conclusiones, no vinculantes, llegarán al Gobierno, el Congreso y el Senado sobre mayo.

Ya hay fecha para que la sociedad civil pueda aportar su visión sobre la crisis climática y cómo afrontarla. Está previsto que la Asamblea Ciudadana para el Clima de España celebre su primera sesión el 20 de noviembre. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfica ha aprobado este viernes la Orden ministerial que regula la iniciativa. También se ha presentado la web que recoge todo el proceso y donde se irá informando de los avances: asambleaciudadanadelcambioclimatico.es.

En los últimos meses, el proyecto ha pasado por un proceso de audiencia e información pública. Una de las novedades tras las alegaciones tiene que ver con la pregunta que vertebra la asamblea. Finalmente, se ha decidido incluir la justicia climática en el enunciado: «Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?».

A esta cuestión deben dar respuesta 100 personas elegidas al azar y que representarán la “complejidad y diversidad” del país, aseguran desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Habrá paridad entre hombres y mujeres, y la representatividad de la muestra se hará en base a criterios como la edad, el género, el nivel educativo, la procedencia geográfica y la actitud frente al cambio climático. El proceso de selección, explican, aún está en marcha, y confían en esté cerrado en unas tres semanas.

Las personas elegidas recibirán una remuneración en torno a los 650 euros, aunque la cifra no está cerrada y depende de varios factores, como si todas las sesiones son virtuales o no, o si hay más de las previstas. En todo caso, se regirán por criterios similares a los empleados para las mesas electorales.

Una medida que llega con retraso

La asamblea ciudadana llega con casi dos años de retraso. Fue una de las cinco medidas que el Gobierno se comprometió a impulsar en los primeros cien días de mandato tras declarar la emergencia climática y ambiental en España. Sin embargo, quedó aparcada por la crisis sanitaria. También está recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en su artículo 39.

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