El cambio climático es uno de los grandes retos, si no el mayor, al que se enfrenta la humanidad. Pero, ¿qué se puede hacer ante tamaño desafío? Diariamente hay estudios científicos, propuestas políticas e informes de organizaciones con múltiples vías de acción tanto para mitigar como adaptarse. Ahora, ha sido el turno de la ciudadanía española. Tras más de medio año de trabajo, la primera Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) de España ha presentado sus 172 recomendaciones con una pregunta como punto de partida: «Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?».
El objetivo de la asamblea, que no se ha librado de las críticas, era construir una mini-España. Para ello, se seleccionaron 100 personas al azar, con diferentes edades, procedencias, culturas… No tenían que saber de cambio climático, pues contaban con un equipo de especialistas asesorándolos durante todo este viaje, que ha sido, salvo la última sesión, virtual.
Las 172 propuestas, entregadas este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han agrupado en cinco grandes áreas –consumo; alimentación y usos del suelo; comunidades, salud y cuidados; trabajo; y ecosistemas–. A su vez, estas se han dividido en 58 objetivos. Todas las medidas han salido adelante por mayoría y cuentan con un apoyo mínimo del 87% de las asambleístas.
Lejos de quedarse en ideas superficiales o sin un impacto real sobre el problema, muchas de las propuestas serán tachadas por determinados sectores de radicales pues comparten la necesidad de dar un cambio de rumbo al actual sistema. Sin embargo, no son más que lo imprescindible para mantener la vida. El planeta es hoy 1,1 ºC más caliente que antes de la Revolución industrial, y ello implica el aumento de los fenómenos extremos y que estos sean más graves, la pérdida de ecosistemas y de la vida humana y animal, más migraciones y menos bienestar, entre otros.
Por eso, las 100 personas que componen la asamblea piden explícitamente “sensibilizar sobre el concepto de decrecimiento” a la vez que se regula “la publicidad y los mensajes pro-consumo visibilizando el impacto del consumo sobre el cambio climático”.
Asimismo, cargan duramente contra las energéticas. Señalan que “el sistema actual ha beneficiado desmesuradamente a ciertas empresas”, por lo que piden la implantación de un modelo energético con control público y regulación de precios justos. La reforma del sistema, defienden, “debe establecer medidas para que estos beneficios se utilicen para la transición completa a las energías renovables”. Insisten en más intervención pública para lograr un mejor control de lo que se consume y paga, poniendo especial atención en la pobreza energética.
Continuando con el apartado energético, aconsejan que la ciudadanía forme parte de la transición energética para evitar “conflictos y rechazos” de proyectos de energías renovables “impuestos por grandes empresas”. También recomiendan promover el autoconsumo energético y la venta de energía de autoconsumo en viviendas.
La apuesta por un estilo de vida que luche contra la lógica capitalista también está presente en otras muchas propuestas. Por ejemplo, una de las medidas busca implementar espacios públicos de ocio lúdico-culturales gratuitos “sin necesidad de consumo, con aseos públicos y evitando la masificación”.
Buena parte de las ideas lanzadas por las y los asambleístas tiene que ver con el transporte, sector que más contribuye al cambio climático en España y a nivel global. En este sentido, piden minimizar los vuelos nacionales en España cuando haya alternativas de tren, tal y como ya planean otros países y han reclamado dentro del territorio español varias organizaciones y partidos. Esta propuesta ha sido la que menos apoyo ha tenido de todas, aunque sigue gozando de una alta aprobación: 87,36%.
La ACC carga contra el transporte de mercancías porque, además de su impacto en el clima, “beneficia a unas pocas empresas”, las cuales “controlan el mercado con prácticas monopolísticas y dejan al consumidor muy pocas opciones”. Una de las recomendaciones es priorizar el transporte por tren frente al transporte por carretera, recuperando vías férreas en desuso. Así, en función de los avances tecnológicos, instan a electrificar los medios de transporte que sea posible.
La mayoría de personas de la asamblea coinciden en que el coche “provoca un consumo excesivo de combustibles fósiles” y “provoca la ocupación del espacio público”. Para cambiar esto, demandan la peatonalización del centro de las ciudades e incrementar el transporte sostenible. También que se facilite el uso de la bicicleta “con las mejores garantías de seguridad” y que se conecte municipios cercanos con carriles bici seguros.
Junto al caminar y la bicicleta, el transporte público es de las opciones ideales para moverse dentro de las grandes urbes. La asamblea lo sabe, por lo que reclama que se potencie su uso “a través de mayor frecuencia, conectividad, simplificación y abaratamiento (en el ámbito urbano e interurbano y, sobre todo, rural)”.
Otra forma de luchar por reducir las emisiones asociadas al transporte es el teletrabajo. Desde la asamblea piden impulsar esta modalidad de trabajo siempre que sea posible, “sobre todo en los trabajos de oficina para reducir los desplazamientos”. En línea con esto último, consideran que otra medida efectiva sería reducir la jornada laboral a 4 días o 30-32 horas, “explorando en qué sectores funcionará mejor y/o con el impulso de la jornada continua”.
La alimentación es otra de las grandes batallas dentro de la lucha contra el cambio climático. Los sistemas alimentarios mundiales contribuyen con hasta el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo.
La asamblea climática ha sido consciente de ello durante el proceso. Si bien no piden de forma explícita una reducción del consumo de carne como sí han hecho recientemente el ministro Alberto Garzón y el propio IPCC, sí que reivindican que se fomente el regreso a una dieta mediterránea basada en alimentos de cercanía y de bajo impacto ambiental, equilibrada en el consumo de proteína animal y vegetal.
Donde sí que han sido más claros es la necesidad de cambiar el modelo de producción animal. Un 95% de las personas de la asamblea pide que se promueva la ganadería extensiva agroecológica vinculada al territorio frente a una ganadería industrial (macrogranjas) que “se debe ir reduciendo progresivamente”.
Entre las casi 200 propuestas, una de ellas reflexiona sobre crear un pacto de Estado para la actuación ante el cambio climático y la transición energética. Según recoge el documento presentado, este gran acuerdo debe contemplar una recomendación de reforma fiscal verde y el principio de que ninguna partida presupuestaria dañe el medio ambiente.
La asamblea ciudadana también pide incluir en el Código Penal figuras como el ecocidio con el objetivo de condenar los casos de daño masivo y de la destrucción del ecosistema.
Tampoco se han dejado atrás las migraciones. Las propuestas de este tipo, no obstante, han sido de las que menos respaldo han tenido. Tanto la iniciativa sobre “prever y planificar la atención a las migraciones y desplazamientos forzados por impactos producidos por el cambio climático en el Mediterráneo a nivel europeo” como la de “reorganización de los flujos migratorios de entrada con los flujos internos de migración (España Vaciada) y aprovechamiento de estructuras” han salido adelante con un 88% de aprobación. Asimismo, destaca que no se hace mención a la ruta atlántica, la que conecta África con Canarias y que es la más peligrosa y mortífera del mundo.
La ACC también ha dedicado un espacio a la educación. A lo largo de todas las recomendaciones, se hace énfasis en la importancia tanto de la educación formal como la no formal. A este respecto, una de las iniciativas propuestas es poner en marcha una asignatura sobre cambio climático en la formación obligatoria.
Las 172 propuestas, su justificación y su grado de apoyo se pueden consultar en este enlace.
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[Ciberacción] Peligran la evaluación de riesgos y el etiquetado de los nuevos alimentos transgénicos.
Organizaciones sociales europeas reclaman a la Comisión Europea y a los gobiernos que no cedan a las presiones del lobby biotecnológico, que pretende que los alimentos transgénicos producidos con nuevas tecnologías salgan al mercado sin el preceptivo proceso de evaluación de riesgos y sin etiquetar.
La recogida de firmas demanda también la aplicación del principio de precaución, el aumento de investigación sobre los efectos de los organismos modificados genéticamente (OMG) y la promoción de soluciones agroecológicas sostenibles para los sistemas agrícola y alimentario.
La gran industria de los transgénicos asegura que los nuevos alimentos modificados genéticamente (MG) son mucho más seguros que los desarrollados hasta la fecha, producidos con técnicas de ingeniería genética que —reconoce ahora— adolecen de una considerable imprecisión.
La sostenibilidad es el otro argumento esgrimido por la industria para intentar agilizar la comercialización de los nuevos alimentos transgénicos. Sin embargo, el historial de los cultivos MG en términos de sostenibilidad dista mucho de ser ejemplar. El rasgo predominante de estos cultivos en el mundo ha sido la resistencia a herbicidas, que ocupaba casi un 90 % de la superficie total en 2017. Un hecho que ha generado la creciente dependencia agrícola en productos químicos nocivos para la salud y para la biodiversidad.
Se calcula que el volumen de glifosato utilizado globalmente —a pesar de estar considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno”— se ha multiplicado por 16 desde la introducción de los cultivos resistentes a este herbicida en 1996.
Por otra parte, el desembarco de las grandes transnacionales de la ingeniería genética en la agricultura ha supuesto no solo la apropiación de la biodiversidad campesina —las semillas— mediante patentes, sino una vertiginosa concentración de la industria semillera en manos de de un puñado de gigantes de la industria química.
Las cuatro mayores agroquímicas —Bayer/Monsanto, Corteva (Dow+Dupont), ChemChina/Syngenta y BASF— con un 65 % de las ventas mundiales, figuran entre las cinco primeras del sector semillero —Bayer/Monsanto, Corteva (Dow+Dupont), Limagrain y ChemChina/Syngenta—, con un 50 % del mercado de las semillas. Este monopolio de las semillas por las grandes agroquímicas representa una grave amenaza en términos de soberanía y de seguridad alimentaria, así como para la biodiversidad….
Petición: ¡No a la desregulación de los nuevos OMG
https://www.ecologistasenaccion.org/199889/peligran-la-evaluacion-de-riesgos-y-el-etiquetado-de-los-nuevos-alimentos-transgenicos/