Antón Masa: “El Tribunal Supremo ha cedido a las presiones de ENCE”

La fábrica de pasta de celulosa de Ence en la ría de Pontevedra no se mueve. El Tribunal Supremo ha avalado el permiso concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016, cuando el Ejecutivo ya estaba en funciones, y ha anulado una sentencia contraria de la Audiencia Nacional que entendía que la fábrica no podía seguir ocupando el dominio público marítimo-terrestre en el que se encuentra. Según el fallo del Supremo, del que todavía se desconocen los detalles, la papelera de Ence podrá seguir a orillas de la ría de Pontevedra hasta, al menos, el año 2073.

De esta manera, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima los recursos presentados por la propia empresa y busca dar carpetazo a una polémica que ha mantenido en vilo a pontevedreses y gallegos durante los últimos años. Y lo hace alegando, entre otras cosas, la presencia de informes medioambientales favorables a la actividad de la celulosa que varios grupos ecologistas, así como la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (ADRP), ponen en duda.

“Llevamos 36 años luchando por recuperar la ría […] y no vamos a dejarlo ahora”. Para Antón Masa, presidente de la ADPR, la sentencia del TS es un paso atrás, pero no el fin del conflicto. Para la asociación, todavía queda mucho camino por recorrer antes de dar por perdida la batalla contra ENCE. La batalla contra una fábrica que lleva operando en Lourizán, a pocos kilómetros de la ciudad de Pontevedra y en el banco de marisqueo más productivo de la ría, desde 1957.

¿Cómo valoran desde la asociación esta sentencia?

Es una sentencia desconcertante e incluso podría decirse que irregular. Aun así, necesitamos conocerla íntegramente antes de hacer una valoración completa. El adelanto que se ha publicado no tiene apenas detalles. Necesitamos también conocer el voto particular de una magistrada [la única de los cinco que habría mostrado discrepancias con la decisión], lo que nos puede dar una mejor idea de qué pasó durante la votación y en qué asuntos no hubo acuerdo.

Esta sentencia responde a un fallo de la Audiencia Nacional sobre dos recursos presentados por Greenpeace y el ayuntamiento de Pontevedra. ¿Con esto queda cerrada la vía judicial para ambos?

La vía judicial todavía tiene un recorrido muy amplio. En algunos aspectos, lo que se pueda hacer dependerá de lo que digan esos detalles que todavía no se conocen. Pero siempre hay una vía, pase lo que pase: acudir al Constitucional y, de ahí, a los tribunales europeos. Otra posibilidad es que el caso vuelva a la Audiencia Nacional para que solucione aquello que no resolvió en su día.

Nosotros en su momento argumentamos que, en el caso de que ENCE recibiese una prórroga, esta no podría superar los 75 años a contar desde el momento en que se dio originalmente la concesión. Es decir, esa prórroga podría extenderse como mucho hasta 2033. Cuando emitió el fallo, la Audiencia Nacional consideró que ENCE no podía estar en dominio público marítimo-terrestre y punto, por lo que no entró a considerar los plazos de la prórroga. Así que ahora que el Supremo dice que sí que puede estar ahí, habría que abordar la duración de la prórroga.

La Audiencia Nacional también falló a favor del recurso presentado por la ADRP. ¿Qué pasa ahora con él?

El Supremo todavía debe pronunciarse sobre la sentencia de la Audiencia Nacional a favor del recurso presentado por la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra. Parece poco probable que el tribunal falle en un sentido diferente, pero cabe la posibilidad. El recurso de ENCE en este caso también es diferente, por lo que puede ser que la sentencia sea distinta. El recurso de casación presentado por ENCE en nuestro caso no argumenta de forma sólida la necesidad de estar emplazada donde está, porque realmente no es necesario que ocupe el dominio público marítimo-terrestre.

Por todo lo que comenta, parece que la decisión del Supremo no tiene por qué ser definitiva.

Podría no serlo, efectivamente. Pero, en cualquier caso, queda todavía recorrido por la vía judicial y, sobre todo, por la vía civil y social, por el camino de la movilización. Eso no lo vamos a abandonar.

¿Cuál es el sentir en el seno de la asociación?

Todavía no hemos celebrado una asamblea con todo el mundo, pero la directiva considera que la sentencia del Supremo es un palo, pero no una derrota. Es un freno en nuestra lucha, pero esta continúa.

¿Qué significa esta sentencia para Pontevedra y para la ría?

Es una puñalada a la comarca. Es una condena para el desarrollo sostenible y la recuperación de la ría. Impide el desarrollo social, ambiental y económico, es un freno al futuro de Pontevedra. Sacar ENCE de la ría significa, para nosotros recuperar nuestro futuro. El futuro de Pontevedra y de la ría se perdió cuando llegó la celulosa a mediados del siglo pasado. Nuestra obligación es recuperar ese futuro. La sentencia significa un retroceso para la economía y el medioambiente de Pontevedra.

¿Qué futuro le espera a Pontevedra si ENCE se queda hasta 2073?

Un futuro de declive absoluto. Aunque ENCE se quiera mostrar como motor económico de la comarca, en realidad es un freno. Y medioambientalmente sería la estocada definitiva para la ría.

Hablando de economía, un argumento muy repetido en favor de la fábrica por ENCE y los sindicatos era la conservación de más de 5000 puestos de trabajo, directos e indirectos.

Cuando hablan de puestos de trabajo, los datos que publican nunca se pueden demostrar. En los últimos meses, se han escuchado debates en los medios en los que se repiten las cifras sin reparos: 800 puestos de trabajo en Pontevedra y hasta 5000 indirectos en Galicia. Sin embargo, los empleos que se pueden demostrar son muchos menos. Los datos no son públicos y en los informes a los que hemos tenido acceso nosotros nunca se reflejan más de 200 puestos de trabajo directos.

Lo que no se cuenta son todos los empleos que se pierden, que podrían existir en una ría limpia. Cuando se montó la fábrica, se reconocía que más de 15 000 familias vivían de la ría. Ahora mismo solo 400 personas se dedican al marisqueo, una actividad que está muy limitada por la situación ambiental del entorno. La fábrica está situada en el mejor banco de marisqueo de toda la ría. Si no estuviese allí, hoy se podría estar explotando como se hace en otras rías del entorno.

Por otro lado, no podemos ignorar que la situación del monte en Galicia [con una gran parte del territorio dedicada al monocultivo de eucalipto] está muy ligada a la existencia de esta planta de celulosa. De no existir, podríamos tener un monte de usos diversificados que diese más puestos de trabajo y con más valor añadido. Eso sin tener en cuenta los valores paisajísticos, de usos de ocio, de salud y de calidad de vida de las personas.

Todavía no tenemos acceso a los detalles del fallo del Supremo, pero sí se sabe que cita la existencia de informes medioambientales favorables. ¿Cuáles?

No sabemos a qué se refieren. Pero o bien hacen referencia a la Autorización Ambiental Integrada concedida por la Xunta de Galicia, sin la cual no podrían estar operando, o a un informe hecho ad hoc para este tema también por la administración autonómica. Es una falacia que ese sea el motivo por el que pueda permanecer en Lourizán, donde está actualmente. La propia Ley de Costas señala que para otorgarse la prórroga es necesario un informe favorable. Es decir, lo del informe se da por descontado.

Lo que hay que dilucidar es si ENCE tiene derecho o no a ocupar el dominio público marítimo-terrestre. La Ley de Costas es clara. Dice que solo podrán ocuparlo aquellas actividades que no tengan otra posibilidad por su propia naturaleza, y no por los puestos de trabajo que creen o por que sea más conveniente. De las ocho plantas de celulosa que hay en España, solo una está en dominio público de costas, la de Pontevedra. Es decir, esa ubicación no es imprescindible para su actividad.

La sentencia pilló a mucha gente por sorpresa, cuando todo apuntaba a que la decisión del Supremo iría en la línea que marcó la Audiencia Nacional. Aunque entremos en terreno especulativo, ¿por qué cree que se produce este cambio de criterio?

Creo que el Supremo ha cedido a las presiones de ENCE. No hay otra razón. Es sorprendente que tengamos tres sentencias de la Audiencia Nacional, en las que participaron unos 15 magistrados, y otras sentencias anteriores, como la que condenó a exdirectivos de la empresa por delito ecológico, que hayan resuelto el caso de una forma y ahora cuatro magistrados del Supremo lo vean de otra. Parece que la ley, en función del juez, diga una cosa u otra. ENCE tiene las manos muy largas y llega a donde los demás no podemos llegar.

También hace poco se consiguió, por ejemplo, modificar un artículo de la nueva ley de cambio climático que afectaba a las prórrogas de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.

Si se estudia la historia de ENCE, podemos ver cómo los distintos gobiernos de este país, de Galicia y del Estado, han ido tomando decisiones para permitir que la fábrica no se moviese de Lourizán. Eliminar decretos que afectaban a la factoría, modificar leyes para que se adaptasen a los intereses de ENCE, hacer autorizaciones ambientales a medida… Estas cosas nos dan idea del poder que tiene esta empresa. Actúa como la mafia, presionando a los poderes públicos y a la sociedad civil y haciendo chantaje.

Uno de los grandes hitos de la ADRP fue lograr una condena a varios ex directivos de ENCE por delito ecológico. Fue en 2022. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Algo cambió, claro. Por un lado, si no se hubiese dado esta sentencia, los movimientos civiles y la propia asociación estarían en una situación muy distinta. La sentencia justificó todo lo que habíamos venido denunciando desde hacía tiempo. Sin ella, hoy no tendríamos el mismo apoyo social ni el mismo poder de movilización.

Por otro lado, desde la sentencia, muchas administraciones se han visto obligadas a exigir más. Está claro que no era lo mismo el impacto ambiental de ENCE en sus primeros años que el que causa hoy en día.

Lo que no soluciona el fallo del Supremo es la situación de la sociedad pontevedresa y gallega ni la división alrededor de la presencia de ENCE. ¿Cuál será el papel de los movimientos civiles a partir de ahora?

La asociación seguirá analizando todas las opciones para avanzar en la vía judicial, que creo que aún tenemos varias vías abiertas, y vamos a mantener nuestra lucha por todos los caminos posibles. Llevamos 36 años luchando por recuperar la ría y eliminar el foco principal de contaminación ambiental y no vamos a dejarlo ahora por un fallo judicial en contra.