En las idas y venidas sobre el proyecto de ampliación del Aeropuerto de El Prat ha prevalecido el aspecto medioambiental –la afectación sobre una zona protegida, La Ricarda– sobre el climático. O lo que es lo mismo: lo tangible y cortoplacista por encima de la necesidad de adaptarse a una crisis que ya está ocurriendo pero frente a la que todavía queda mucho por hacer. Las numerosas referencias a los daños sobre La Ricarda apenas han dejado espacio a las emisiones que dicho proyecto generaría; a cómo la aviación contribuye al calentamiento global y forma parte de un modelo de crecimiento que destroza el planeta.
Las conversaciones sobre el proyecto –que quedó suspendido la semana pasada por la falta de acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat– se retoman este miércoles en la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos, si bien no será el tema central. Un encuentro que tendrá lugar en Barcelona y al que también asiste la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha descartado prorrogar las negociaciones sobre el aeropuerto.
Este nuevo acercamiento se produce días antes de las movilizaciones convocadas por la plataforma Zeroport para el próximo domingo, 19 de septiembre, y cuyas reivindicaciones sí van más allá de los daños que la construcción de una nueva pista supondrían a La Ricarda. “Es importante conservar y mantener este espacio protegido por el bienestar no solo de la biodiversidad sino de toda el área metropolitana, la agricultura del Llobregat o la salinidad de los acuíferos”, explica Sara Mingorría, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pero “hay otros factores por los que cualquier ampliación de un aeropuerto o del volumen de vuelos suponen una decisión sin sentido, incoherente e irresponsable”, añade. Entre ellos, destaca el contexto actual de crisis climática “y sus graves impactos sobre la vida de las personas”: “No se justifica de ninguna manera la necesidad de aumentar la capacidad de aeropuertos después de esta pandemia”.
En el subtexto del pulso político por El Prat hay un cuestionamiento hacia el modelo de movilidad imperante, basado en el crecimiento y las megainfraestructuras. La estrategia política, según Mingorría, es otra: “Si el problema es La Ricarda, entonces se buscan maneras de compensar o afectar a esa zona lo menos posible para así llegar a un acuerdo”. Sin embargo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que dañan el clima “la vía es decrecer en la aviación y reducir los vuelos actuales”, añade esta investigadora a la par que cita las advertencias del IPCC –el panel de especialistas en cambio climático de la ONU–. Según este organismo, para estabilizar el clima es necesaria una reducción sustancial, rápida y sostenida de las emisiones.
Omitir la afectación climática de esta ampliación es, para Mingorría, “un negacionismo irresponsable que pone por encima de todo el valor del dinero, sobre la vida de las personas y los seres vivos”. Una idea en la que coinciden otros expertos. Para Jaume Osete, de la plataforma Zeroport, “negacionismo es dedicar fondos a cualquier proyecto que agrave la crisis climática”. Según un estudio publicado por la Agencia de Desarrollo Urbano Barcelona Regional –vinculada al Ayuntamiento de Barcelona– el pasado junio, las emisiones asociadas a dicha ampliación podrían incrementar en un 33% las totales vinculadas al Aeropuerto de Barcelona.
El proyecto de Barcelona forma parte de lo que las voces expertas consideran una tendencia mundial. Según explica Mingorría, “hay más de 300 proyectos de ampliación y construcción de aeropuertos programados en todo el mundo que están generando conflictos ambientales; es una especie de tendencia al suicidio”. No obstante, hay otra tendencia paralela “a unir esfuerzos y luchas a favor de la justicia climática, ambiental y social”, considera la investigadora. Un mapa creado por la red internacional Stay Grounded y el ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona documenta los casos de éxito en los que se han declarado moratorias parciales o indefinidas de aeropuertos.
En algunos de esos casos, el clima ha sido el acicate. En febrero de este año, la ministra de Transición Ecológica francesa, Barbara Pompilli, descartó ampliar el Aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle de París al considerar que se trataba de un proyecto “obsoleto”. En su argumentación, añadió que este proyecto era incompatible con la ley climática del país. En este caso, el plan preveía la construcción de una cuarta terminal de aquí a 2037 que aumentaría la capacidad del aeropuerto en 40 millones de pasajeros al año. En el proyecto de El Prat, Aena contemplaba una ampliación prevista de 55 millones a 70 millones de pasajeros al año.
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María García, portavoz de Ecologistes en Acció: «La movilización masiva de hoy pone de manifesto la oposición de la sociedad catalana tanto a las ampliaciones de aeropuertos como a la opacidad y la arbitrariedad con las cuales los dos gobiernos se están pronunciando sobre una inversión de 1.700 millones de euros». Además, la activista, integrante de la plataforma Zeroport, considera que las ampliaciones son «un proyecto especulativo de AENA, empresa del IBEX35, para intensificar un modelo económico injusto, en crisis y de irreversibles impactos ambientales».