Tras dos nuevas semanas de negociaciones, todo sigue igual de incierto. La Autoridad Internacional para los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas inglés) no ha logrado fijar una postura común alrededor de la minería submarina durante la última reunión de su consejo, celebrada hasta el 31 de marzo. Mientras científicos, asociaciones ecologistas y un número creciente de países piden tomarse con calma el desarrollo de una nueva industria de efectos potencialmente dañinos en los océanos, un grupo de empresas y países, encabezados por Nauru y la compañía canadiense The Metals Company, tiene cada vez más prisa.
La presión sobre los miembros de la ISA (un organismo intergubernamental con sede en Kingston, Jamaica) es cada vez mayor. El 9 de julio de 2021, la pequeña nación del Pacífico formalizó su deseo de empezar a extraer los recursos mineros del fondo del mar en su entorno. Aprovechando un agujero legal en las regulaciones de la ISA conocido como la regla de los dos años, Nauru sostiene que, si no se acuerda una normativa específica en los 24 meses siguientes, la actividad industrial submarina podría empezar en la segunda mitad de 2023. Ante la falta de acuerdo, esa realidad está un poco más cerca, aunque no todo es tan sencillo como parece.
La minería submarina es todo aquel proceso de extracción de minerales de los fondos submarinos por debajo de los 200 metros y hasta varios kilómetros de profundidad. La creciente demanda de materias primas y el agotamiento de muchos de los depósitos terrestres ha provocado que, en los últimos años, un número importante de empresas y países hayan puesto su atención en los océanos. De hecho, la ISA lleva más de una década intentando fijar una normativa y unos plazos para regular una actividad que cada vez parece más cerca de hacerse realidad.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es un organismo formado por 167 Estados miembros y la Unión Europea con una doble misión: controlar el desarrollo de cualquier operación relacionada con recursos minerales en los fondos marinos internacionales y proteger los ecosistemas de dichos fondos en las áreas más allá de la jurisdicción nacional. La ISA cuenta con un órgano de gobierno formado por 36 miembros con derecho a voto (el consejo) elegidos por la asamblea, en la que participan todos los países.
De acuerdo con los datos de la entidad intergubernamental, hasta la fecha se han concedido 31 contratos de exploración de los recursos mineros marinos. Básicamente, lo que se busca son nódulos polimetálicos (pequeños cúmulos de manganeso, hierro, cobalto, cobre, níquel y titanio que abundan en las llanuras abisales del Pacífico), sulfuros polimetálicos (minerales con alto contenido metálico habituales en los lugares donde se está formando nueva corteza terrestre) y zonas de corteza rica en cobalto. En total, las zonas de exploración ocupan más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados (tres veces España).
Aunque a nivel científico también existen posturas encontradas, la mayoría de expertos coincide en que el fondo marino es un espacio demasiado desconocido como para autorizar su explotación minera en el futuro cercano. Además, como sostienen desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y tal como se recoge en el Deep-Sea Mining Science Statement, un manifiesto apoyado por 653 especialistas en el ámbito marino, lo que sí sabemos es preocupante.
La minería submarina generará penachos de sedimentos persistentes desde el fondo hasta la superficie, provocará vertidos de metales y toxinas en el agua e incrementará la contaminación acústica en un entorno donde el sonido lo es casi todo. Además, puede provocar la pérdida directa de especies y poblaciones únicas, interrumpir los procesos ecológicos y geoquímicos y tener consecuencias inciertas en el secuestro y almacenamiento de carbono. Por eso, la alianza que pide una moratoria a la minería submarina no ha dejado de ganar apoyos en los últimos años.
Durante la Conferencia sobre los Océanos de la ONU celebrada en Lisboa el año pasado, Fiji, Palau y Samoa se aliaron para pedir una pausa en el desarrollo de la minería submarina. Bajo su punto de vista, la moratoria se debe extender a los contratos de exploración y de explotación, así como a la adopción de un código de minería en aguas internacionales por parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Poco después de su lanzamiento, la Federación de Estados Micronesios, Chile, Costa Rica, Ecuador y España se unieron a la alianza.
A finales del año pasado llegaron Nueva Zelanda, Francia, Alemania y Panamá, y en el último mes se han unido también Vanuatu y la República Dominicana. Sin embargo, las intenciones de la ISA siguen siendo avanzar en una regulación lo antes posible, ya que la presión por parte de Nauru y varias empresas mineras a través de la regla de los dos años no deja de aumentar. “En la última reunión del consejo de la ISA [celebrada durante las dos últimas semanas de marzo], no se le dedicó suficiente tiempo a las discusiones sobre lo que se debería hacer con la regla de los dos años. Lo único que se acordó fue continuar el diálogo durante los próximos meses y luego dedicarle más tiempo en julio, cuando el consejo de la ISA reanude su sesión”, explica Jessica Battle, quien encabeza la iniciativa internacional No Deep Seabed Mining de WWF.
“Existen muchas opiniones y muy divergentes que son difíciles de conciliar, por lo que los estados no lograron alcanzar un consenso. Aun así, muchos países recalcaron su postura acerca de que no podemos empezar con la minería en aguas profundas antes de que se establezca un marco de explotación sólido para garantizar la protección y preservación del medioambiente submarino”, añade la experta en gobernanza y política oceánica.
De acuerdo con fuentes del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, el consenso en relación con la pausa precautoria es amplio. La mayoría de países, incluyendo España, manifestaron durante las reuniones su oposición a permitir contratos de explotación hasta que no se disponga de un marco legal con garantías de protección efectiva del medioambiente. Sin embargo, el consejo de la ISA solo está formado 36 miembros y, bajo las reglas del organismo, solo harían falta 12 votos a favor para autorizar una licencia provisional de explotación del fondo marino. España es uno de los miembros con derecho a voto que ya ha confirmado que pedirá retrasar la minería submarina.
El próximo 9 de julio se cumplirán dos años desde que Nauru formalizó su intención ante la ISA de empezar a explotar sus recursos mineros submarinos. Nada ha cambiado en la postura del pequeño país del Pacífico, que ya cuenta en su historia con un episodio de sobreexplotación minera y mala gestión (aunque en la superficie terrestre), ni en la The Metals Company. Según sus cálculos, en el entorno de Nauru hay más de 850 millones de toneladas de nódulos polimetálicos. Así, lo más probable es que durante el mes de julio Nauru de un paso adelante y presente una solicitud formal para iniciar la extracción, aunque eso no significa exactamente que vayamos a ver el inicio de la minería submarina en 2023.
“En ningún caso Nauru puede empezar a minar sin el visto bueno del Consejo de la ISA. La regla de los dos años solo le permite, a este o a cualquier otro país, presentar una solicitud de explotación. Pero la ISA tiene que revisarla y no tiene por qué aprobarla”, explica Jessica Battle. “Los estados que forman el consejo deben tomar el control y asegurarse de que se cierre el agujero legal de los dos años para que la minería submarina no pueda avanzar hasta que tengamos el conocimiento necesario para tomar buenas decisiones”.
Los tres meses que quedan por delante hasta el próximo encuentro del consejo de la ISA, que coincidirá en el tiempo con el fin del periodo de dos años al que se agarran Nauru y The Metals Company, marcarán un antes y un después en el futuro del fondo del mar. “El 2023 es un año clave para las profundidades marinas”, concluye Battle. “La minería no puede continuar hasta que se comprendan los riesgos ambientales, sociales y económicos, se hayan explorado todas las alternativas a los minerales de aguas profundas y se hayan implementado medidas para asegurar la protección efectiva de los ecosistemas”.
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Las grandes empresas mineras han puesto su objetivo en uno de los últimos lugares vírgenes de la Tierra: el fondo del mar. Quieren excavar, dragar y destruir el lecho marino para extraer metales preciosos. Las consecuencias para la vida marina serían catastróficas si los países de la UE no lo impiden
En estos momentos, su lobby trabaja a toda máquina mientras los Gobiernos de todo el mundo se reúnen en Jamaica, sede de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), para debatir la prohibición de esta práctica tan destructiva.
La explotación minera de los fondos marinos podría comenzar en julio de este mismo año.
En su insaciable búsqueda de beneficios, las corporaciones quieren destruir la vida marina y los hábitats de nuestros océanos, cuya biodiversidad se encuentra en estado de emergencia. Y nuestra clase política parece que va a permitírselo.
Los estudios advierten de que la minería de profundidad liberará enormes cantidades de sedimentos tóxicos que contaminarán nuestros ecosistemas submarinos; además, la contaminación acústica y lumínica perjudicará especialmente a la ballena azul, en peligro de extinción.
ACABEMOS CON LA MINERIA DE LOS FONDOS MARINOS.
https://act.wemove.eu/campaigns/no-mineria-fondo-marino?utm_campaign=20230406_ES&utm_medium=email&utm_source=civimail-53240
La minería en el fondo de las profundidades marinas es una nueva industria extractiva arriesgada y ultradestructiva que está tomando forma. Una industria que quiere arar el fondo marino en busca de metales con gran peligro de destruir ecosistemas no descubiertos.
Los ecosistemas serán destruidos y los residuos, el ruido y la contaminación lumínica destruirán la vida marina. Cuando se arranca el fondo marino, el carbono almacenado en los sedimentos corre el riesgo de ser liberado a la atmósfera. Ello exacerbará la crisis climática.
Las compañías mineras han estado presionando a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) para que emita permisos mineros durante algunos años, y han encontrado una laguna en el sistema para eludir el proceso oficial de concesión de licencias. Esto ha dado lugar a que ya se hayan emitido algunos permisos.
La minería en el fondo marino es un desastre para la vida marina por muchas razones:
Los humos tóxicos y las nubes de sedimentos que se elevan desde las profundidades sofocan la vida marina.
El ruido y la contaminación lumínica de las máquinas perturban y desorientan a los animales marinos, incluso en aguas poco profundas. El ruido viaja cientos de kilómetros a través del agua.
Cuando se ara el fondo marino, el carbono que ha estado atrapado y almacenado en sedimentos durante miles de años se dispersa en el agua.
Altera el equilibrio bioquímico del océano y exacerba la crisis climática.
Personas de todo el mundo están exigiendo que los gobiernos actúen para detener la minería en el lecho marino. Los gobiernos deben apelar a la ISA, que emite permisos, y exigir que se detenga la minería en aguas profundas.
Continuaremos presionando a nuestros tomadores de decisiones durante toda la primavera, para que la mayoría de los gobiernos del mundo digan NO a la minería en aguas profundas cuando se tomen las decisiones cruciales este verano.
Ayúdanos a detener la minería de los fondos marinos firmando nuestra campaña global. Las firmas se entregarán en la reunión de la ISA de la organización de la ONU en el verano de 2023. Es importante que demostremos que somos muchos los que queremos acabar con esta industria codiciosa.
https://www.greenpeace.org/denmark/vaer-med/stop-minedrift-paa-havbunden-foer-det-er-for-sent/?utm_medium=email&utm_source=smc&utm_campaign=dk_fr_oceans&utm_content=dk_lg_deep-sea-mining&