Las diez empresas y comunidades que más contribuyen al cambio climático en España

Solo diez empresas fueron las responsables del 25% de las 340.720 toneladas de dióxido de carbono equivalente que emitió España en 2018. Es decir, una decena de compañías son las causantes de un cuarto de las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Si se amplía la lista hasta las 50 multinacionales más contaminantes, la cifra sube hasta el 34%. Los sectores de la energía, del petróleo y del cemento son los que más gases de efecto invernadero emitieron en España el año pasado.

Estos datos forman parte de Emergencia Climática en España, el informe presentado este viernes por el Observatorio de Sostenibilidad con motivo de la celebración de la COP 25, que acoge Madrid. Un año más, Endesa es la empresa que más emisiones ha generado con su actividad en España durante 2018, con 30.237.155 de toneladas de dióxido de carbono. En términos porcentuales, la eléctrica representa un 23% de las emisiones industriales y un 9,3% de todas las emisiones que se expulsan a la atmósfera. Le siguen, aunque bastante alejadas, Repsol y Naturgy, con 10.622.256 y 9.168.129 toneladas, respectivamente. En la octava posición, con 3.289.916 de toneladas de CO2, figura Iberdrola, compañía cuyo presidente pronunció un discurso durante la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, celebrada el pasado septiembre en Nueva York.

Los autores del informe también han analizado, a partir de las 850 instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero del país, la contribución de las comunidades autónomas al cambio climático. Desde 1990 hasta 2018, las que más han emitido gases a la atmósfera son Andalucía, con 1.483.238.322 toneladas de CO2; Cataluña, con 1.408.516.640; Castilla y León, con 1.058.459.083; Galicia, con 914.704.832; y Asturias, con 827.357.770 toneladas. En emisiones per cápita, las comunidades que más han emitido son Asturias, Castilla y León, y Aragón; las que menos, Ceuta, Melilla y Madrid.

España lidera el ránking de aumento de emisiones de la UE

España continúa muy lejos del objetivo de ser neutral en emisiones para mediados de siglo. Según el avance de datos conocido esta semana, España emitió un total de 332,8 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2018, lo que la sitúa un 15,4% por encima del nivel de emisiones de 1990, año base de referencia empleado para evaluar las medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiendo lo marcado en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), España plantea una reducción para 2030 de 21 puntos porcentuales respecto a los niveles de 1990.

Analizada por sectores, el transporte es el que más contribuyó en 2018 al cambio climático, con un 27% del total de emisiones, un 2,7% superior a hace un año. En este sentido, el transporte por carretera representa la mayor parte, un 25% de todas las emisiones. El segundo de los sectores más contaminantes es la industria, quien representa un 19% de las emisiones. Le siguen la generación de electricidad, con un 17%, y el sector agrícola, con un 12%.

En cuanto a las emisiones derivadas del consumo de combustible residencial, comercial e institucional, estas representaron el 9% de 2018, con un incremento del 1,9% respecto al año anterior. “Este aumento tendría que ver con el uso de gasóleo C, durante un año en el que las temperaturas medias fueron más bajas que en 2017 y el consumo de combustible en maquinaria agrícola, forestal y pesquera aumentó”, detalla el informe. Por su parte, el sector residuos supuso el 4,1% del total.

Uno de los sectores que más ha sido cuestionado en los últimos meses debido a su enorme contribución al calentamiento global, el sector aéreo, emitió cinco millones de toneladas de CO2. Un hecho que confirma la “tendencia continuada al alza que mantiene desde 2013”, denuncian los responsables de la investigación.

En términos generales, las emisiones de los sectores sujetos al sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS, en su acrónimo en inglés) suponen un 38,2% del total, un 6,6% inferior a 2017. En cambio, los llamados sectores difusos, es decir, aquellos que no están sujetos a sistema de comercio, aumentaron sus emisiones.

El estudio también analiza la relación entre PIB (Producto Interior Bruto) y las emisiones de dióxido de carbono equivalente, concluyendo que “siguen sin desacoplarse”: entre 1990 y 2017, las emisiones aumentaron un 17% y el PIB un 73%, mientras en Europa en el mismo periodo las emisiones cayeron un 22% y el PIB creció un 58%.

La comparativa con el resto de países del continente evidencian aún más la ausencia de acción climática de España. Según el inventario oficial publicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente a mediados de este año, España es el país de la Unión Europea que más ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero en términos absolutos desde 1990: un 17,9%. Unos datos que contrastan con el conjunto de la UE, que recortó un 23,5% sus emisiones en los últimos 27 años.

Esta semana se conocía otro dato récord: la concentración media de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaba en 2018 su máximo histórico, situándose en 407,8 partes por millón de CO2. En España, según detalla el Observatorio de Sostenibilidad a partir de los datos aportados por el observatorio de Izaña, el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera es de 1,9 ppm por año desde 1984.

Los efectos climáticos son una realidad

“Muchos de los efectos que creíamos que iban a observar nuestros hijos los estamos observando ya nosotros”, lamentan los autores del estudio. Uno de los más visibles a los que se hace referencia es el aumento de las temperaturas, la cual se ha incrementado en un 1,57 ºC desde 1965. En el caso de ciudades como Barcelona, Alicante, Madrid y una treintena de ciudades más, el aumento se sitúa por encima de los 2 ºC. 

Además, el verano cada vez dura más, alargandose unos 9 días de media por década. El verano actual abarca prácticamente cinco semanas más que a comienzos de los años 80, apuntan desde el Observatorio de Sostenibilidad.

Quien también sufre es el mar Mediterráneo. El informe hecho público este viernes, siguiendo datos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, señala que la temperatura superficial ha aumento a razón de 0,34 ºC por década desde principios de los años 80. Esto se traduce en una subida del nivel del Mar Mediterráneo estimada en 3,4 mm por año desde 1993 hasta 2017, acorde a registros del Servicio de Información Marítima de Copernicus mencionados en el informe.

Este aumento de las temperaturas provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero también afecta gravemente a los glaciares de España, enfatiza el estudio. Desde 1850, han desaparecido 33 de los 52 glaciares que había en el territorio español, “la mayoría de ellos después de 1980”, explican. Y las previsiones no son nada optimista, pudiendo “desaparecer irreversiblemente” para mediados de siglo. “Tesoros naturales como los glaciares de Maladeta, Aneto o Monte Perdido (Pirineos) están hoy en estado terminal y la opinión pública a veces ni lo sabe”, afirman.

Aun así, desde el Observatorio de Sostenibilidad optan por no centrarse únicamente en estas evidencias físicas, sino también en aquellas otras que afectan a la biodiversidad, como es puede ser la distribución de las especies, cambios en los comportamientos y en las migraciones, cambios en la alimentación o cambios de hábitats, entre otras.

Momento de actuar

“Es urgente e ineludible descarbonizar todos los sectores de nuestra economía en las próximas décadas”, demandan desde el Observatorio de Sostenibilidad, haciendo referencia a la reducción en un 7% anual de las emisiones reclamadas esta semana por el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

Piden, además, empezar a “adaptarnos al cambio climático, llevando a cabo planes de actuación concretos y consensuado, tanto en nuestras ciudades como en el resto de los sectores económicos, industriales y sociales”. En este sentido, interpelan directamente a las empresas, quienes “deben entender que la descarbonización es el futuro y que cuanto antes apuesten por ella, más beneficios obtendrán y será mejor para todos”.

Asimismo, consideran imprescindible “una serie de actuaciones inmediatas que no se han tomado en los últimos años, y que deben incluirse en los Presupuestos Generales del Estado del anterior Gobierno”, pues “no existen partidas presupuestarias serias para luchar contra la crisis climática”.

En esta línea, desde el Observatorio proponen una herramienta informática con 46 variables para informar y verificar si cualquier organismo público que ha declarado la emergencia climática está siguiendo los pasos necesarios para acometer la transición ecológica.

Finalmente, el informe hace hincapié en la ejecución de un proyecto concreto. Se trata del Corredor Verde del Mediterráneo, que consistiría en la creación de una gran malla ecológica de enfoque sistémico que añadiese a la red de espacios protegidos otros territorios no catalogados de alta calidad ecológica, singularidad paisajística o funcionalidad productiva “con el objetivo mixto de restaurar la biodiversidad y la funcionalidad y conectividad ecológicas y de enderezar el ciclo hidrológico lo que, en consecuencia, supone enfrentarse al Cambio Climático a través de algo más que la reducción general de emisiones”, cuentan.